20 y 21 de diciembre 

1. Hace unas semanas, en su columna dominical  del 22 de octubre (Crispación y memoria), Javier Pradera acababa diciendo: “El proyecto de ley para ampliar los derechos de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura ha servido también a los truchimanes de la crispación para mover las aguas. Así, las medidas en favor de los vencidos en 1939, la localización de los restos de los desaparecidos y la superación simbólica del conflicto en los espacios públicos son presentadas como la revancha de los derrotados frente a los vencedores y el respeto por sus muertos. Ese avivamiento de los rescoldos de la Guerra Civil debería hacer reflexionar a quienes critican desde la izquierda el proyecto de ley del Gobierno y hacen de la llamada memoria histórica una sectaria arma de combate para las pugnas políticas de hoy”. 

Quisiera reflexionar precisamente sobre el pasado y la historia, dos conceptos distintos que muchos suelen confundir. Es ésta una reflexión en la que no espero decir nada nuevo o chocante que no haya sido dicho ya por la historiografía más seria. Lo que deseo es centrar los objetos de discusión, pero no para hablar de la Guerra Civil (esa contienda que aún es arma de combate), sino para precisar qué ha de entenderse por pasado.

Empecemos con un enunciado comprometedor y trivial a un tiempo: el pasado no existe. Está desaparecido, ya no sucede, no ocurre en nuestra presencia. Es, por definición, algo clausurado que no permanece. De ese tiempo sólo quedan restos, vestigios: documentos materiales o las huellas que deja en la memoria. Si eso es así, ¿cómo se puede regresar al pasado? ¿Tiene  algún sentido esta frase? ¿Enuncia algo posible? El único regreso que nos es dado resulta siempre indirecto, parcial, vicario: consultando, leyendo, observando, desenterrando esos restos que suelen estar alojados en los archivos o en la memoria de los particulares. Estos restos contienen información, noticias o datos referidos a hechos, a actos humanos, pero contienen también interpretación de esos hechos, de esos actos a los que aluden. Por ello podemos decir que los documentos o las memorias testimonian, es decir, presentan ciertos acontecimientos y su significado. No hay hechos sin interpretación y ésta depende conscientemente o no del productor del documento o del individuo que recuerda, cosa que dificulta su uso y el crédito que podemos dispensarles. Si quisiéramos regresar a ese pasado imposible, ese pasado que  no se puede revivir, entonces deberíamos tomar una serie de medidas, seguir una serie de procedimientos. Para explicarme mejor trataré de exponerlo con una analogía: la del juez y el historiador.

Por supuesto, esta vecindad funcional entre ambos no me la he inventado yo. Hace unos quince años, Carlo Ginzburg la abordó y trató en un libro titulado justamente así: il giudice e lo storico. En parte –pero sólo en parte— lo que ahora escribo se inspira en esas páginas de Ginzburg. ¿Qué tienen de común el juez y el historiador? Para empezar, ambos son profesionales, es decir, para cumplir su misión y para cumplirla bien han debido cursar unos estudios específicos, han debidos superar unas pruebas o exámenes que acreditan sus conocimientos, etcétera. Esa acreditación está avalada por sus iguales, por la comunidad de los historiadores o por los consejos de la judicatura. Pero, más allá de esa semejanza evidente (que después, como veremos, tiene consecuencias), ambos buscan un mismo objetivo: remontarse en el tiempo, tratar cosas ya sucedidas, estudiar asuntos pasados que afectan al presente, precisar una cadena de hechos de acuerdo con la lógica y la cronología que le son propias. En pocas palabras: buscan contar unos hechos humanos ateniéndose a la verdad. O en otros términos (propiamente juduciales): el historiador y el juez llevan adelante una instrucción, un proceso, para averiguar unos actos, para atribuir su autoría, unos actos que se han de precisar y que se han de interpretar.

¿En qué se fundamentan? El juez y el historiador se basan en pruebas, testigos o documentos. Efectivamente, lo normal es que ambos no hayan estado en el lugar de los hechos y, por ello, necesiten valerse de los testimonios escritos, orales (o de otra índole) para precisar el detalle de esos actos. ¿Y la interpretación? El documento o el testigo no sólo transmiten datos: contienen interpretaciones y esas interpretaciones dan el sesgo particular y semántico de los hechos que el juez o el historiador han conseguido poner en orden. Como los documentos y los testigos no coinciden en la significación de esos hechos, como los testimonios de lo pasado suelen incurrir en incongruencias, en incoherencias, en errores, en contradicciones, el juez y el historiador deben reunir numerosas versiones –todas las posibles o imprescindibles— para alcanzar el repertorio de datos más completo ordenado y la interpretación más plausible.

Pero hay más. El sumario del juez o la monografía del historiador ponen orden e interpretan sabiendo que serán observados, fiscalizados, examinados, validados o desechados por sus iguales: es a ellos a quienes han de convencer en primer lugar, a quienes han de persuadir, no con sofismas o enredos retóricos, sino con las pruebas; y son ellos quienes confirman o rechazan no sólo los resultados, sino también la limpieza y la deontología de los procedimientos seguidos. O, en otros términos, se da semejanza entre el juez y el historiador en la medida en que ambos instruyen el proceso con hipótesis refutables a partir de pruebas. No pueden prevaricar, no pueden alterar esas pruebas, no pueden desechar a su antojo los testigos o los documentos. Ahora bien, hay malos jueces y hay malos historiadores. Incluso hay algunos aficionados, amateurs, que con descaro y estrépito se atreven dar lecciones a la academia.

La mala historia, la que ahora tanto se difunde a través de ciertos medios, la historia de la estridencia y del revisionismo, es un relato del pasado que no ha sido validado por los académicos, por los restantes profesionales de la disciplina, que es eso, precisamente: una disciplina que contiene a los profesionales, que les impone normas compartidas, que les fuerza a respetar las mismas reglas, que les exige comunicar adecuadamente sus resultados. Días atrás hablábamos aquí de Pío Moa. Más que un historiador, Moa es una marca registrada, como César Vidal. Producen libros de historia sin desmayo y sin descanso, como si la investigación pudiera hacerse en un santiamén; como si la reunión de documentos, la visita a los archivos, como si la consulta de testimonios pudiera solventarse con la mayor brevedad y seleccionando sólo que convenga. Los libros de Moa no resisten el más mínimo examen historiográfico: en ellos no hay respeto alguno de las reglas metodológicas o heurísticas, y su forma de comunicación o exposición es la del panfleto.

La única acreditación que le daría presunta respetabilidad  sería la del apoyo de Stanley G. Payne, un historiador académico que se equivoca con este respaldo frente al juicio de sus iguales. Dice Payne que Moa “presenta sus tesis principales enérgicamente y, como es habitual en el caso de la historiografía revisionista, en ocasiones con un énfasis exagerado, en aras del efecto polémico”. La manipulación y la agitación no son un énfasis exagerado: son manipulación y agitación que sacrifican la investigación al efecto polémico, una campaña revisionista cuyo principal valedor mediático –ya lo sabemos– es Federico Jiménez Losantos.

Es probable que en la academia ciertos temas merezcan revisión, pero no es menos verdad que agitarse con estrépito frente a estos tratamientos no da necesariamente la razón historiográfica. “Lo fundamental”, dice Payne refiriéndose a Moa, “es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española anquilosada, desde hace mucho tiempo, por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política dominante desde hace mucho tiempo”. Más aún: “los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica. Esta actitud puede reflejar un sólido dogma religioso pero, una vez más, no tiene nada que ver con la historiografía científica”, concluye.  

Lamentablemente, Payne confunde las reglas de que se vale la historia académica con el dogma religioso, como confunde la energía de Moa, su “énfasis exagerado”, con el polemismo, siempre saludable. Si la historia de Moa es un chorro de aire fresco, ese ventarrón panfletario amenaza con romper el mínimo común denominador, las normas básicas, la contención de la disciplina. En realidad, lo que hace este publicista es regresar a ese pasado que ya no existe para exhumar sólo aquellos documentos que certifican sus propias tesis establecidas de antemano y sobre todo para inculpar al autor de un crimen que él tiene ya identificado: el actual presidente del Gobierno. Nos guste o nos disguste lo que haga o no haga Rodríguez Zapatero, resulta absolutamente indefendible el procedimiento de Moa, que arremete siempre que puede contra la historia académica. Se viste con aparentes atavíos de historiador para ejercer de publicista que mezcla pasado y presente. Es como si un outsider de la justicia se saltara todas las normas de la fase de instrucción, se desentendiera de los requisitos básicos para incriminar a un delincuente que no es presunto y que, además, no estuvo en el pasado, en el lugar de los hechos.

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2. Entrevista de Carlos Subosky a Justo Serna:

Historia y Memoria. El caso de la Guerra Civil española

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3. El scriptorium de Nicolás Quiroga: