Este artículo lo publiqué el 28 de abril de 2005. Lo reproduzco ahora tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.

Kant y el matrimonio homosexual (2005)

Justo Serna

Leo en noticia de Agencias lo que el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, dice en una entrevista en Tv3. Estamos en 2005.

«Obedecer antes la ley que la conciencia lleva a Auschwitz».

Con esta afirmación tan sorprendente, Carles se refiere a la obligatoriedad que contraen los funcionarios a la hora de celebrar bodas homosexuales.

Por tanto, Carles establece una relación entre ley y conciencia moral.

Y establece también una analogía entre las servidumbres de los empleados públicos bajo un régimen inicuo con aquellas otras que, disgustándoles, deben cumplir en el seno de un sistema democrático.

Para aclarar más el asunto, Ricard Maria Carles añade:

«Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia».

Resulta tristísimo que un ministro de la Iglesia católica establezca esta analogía, que formule esta comparación.

Por ejemplo, Adolf Eichmann, según la célebre radiografía de Hannah Arendt, fue un funcionario ejemplar.

Tuvo bajo su responsabilidad la muerte de cientos de miles…, que digo cientos de miles: de millones, de hebreos. Se trataba de una tarea a ejecutar con rigor y puntualidad.

Eichmann fue un ciudadano más, un individuo que, en el desempeño de sus funciones, no se preguntó sobre lo que hacía o dejaba de hacer. No se interrogó sobre el mal que infligía.

Fue una persona que no experimentó incomodo particular o desazón o duda: simplemente no se hacía reproche alguno, no se imputaba nada.

Adolf Eichmann fue tan trabajador, tan escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones, que sus labores se desempeñaron impersonalmente, sin inquina particular contra los judíos, algunos de los cuales incluso habían sido amigos suyos.

En general, los funcionarios nazis desplegaron una gran capacidad administrativa. Sus trabajos se ejecutaron a satisfacción de sus superiores, como advertía Sebastian Haffner, con un ordenancismo obsesivo.

Así, por ejemplo, no es casualidad lo curtido con el capitán Wolfgang Hoffman, jefe de una de las tres compañías del Batallón Policial 101, un funcionario que acribillaba con verdadero entusiasmo a los judíos que estaban a su cargo…

No es casualidad, digo, que dicho verdugo se sintiera herido en su honor al recordarle sus superiores una orden para él evidente.

En efecto, relata Daniel Goldhagen que Wolfgang Hoffman experimentó un auténtico ultraje al indicársele la prohibición de robar a los prisioneros polacos, algo para él evidente.

“El asesino genocida”, añade Goldhagen, “se sentía herido en su honor, y herido doblemente, como soldado y como alemán”.

El funcionario conoce sin más cuáles son sus obligaciones dictadas por las leyes del Reich, obligaciones sobre cuya moralidad no se pregunta.

Etcétera.

Resulta doloroso lo dicho por un ministro de la Iglesia católica (institución sobre la que, por cierto, también Daniel Goldhagen escribió un libro comprometedor…).

Resulta doloroso —digo— que, a la altura de 2005, el cardenal Ricard Maria Carles compare lo incomparable.

Por eso, los creyentes, los miembros de su grey, en definitiva, deberían afearle esa analogía tan desgraciada.

Un funcionario del Reich que no se interroga sobre el sentido de la ley facilita que la aplicación de dicha norma lleve a la muerte a numerosos seres humanos.

Su inacción produce víctimas y hay en su actitud la dejación criminal del idiota que prescinde de la moralidad.

A esa mediocridad ética, nada monstruosa, simplemente, ciega y trivial, Hannah Arednt la llamará, como se sabe, ‘la banalidad del mal’.

Pero estamos en otro contexto y, por eso, me pregunto qué crimen comete el funcionario que, en esta o aquella circunstancia, tenga que intervenir en la celebración de los matrimonios homosexuales.

Ricard Maria Carles añade que “los alcaldes tienen una situación privilegiada”, ya que no estarían “obligados y pueden delegar, pero los funcionarios, los jueces no pueden delegar”.

Insisto: ¿qué delito es ese que no tiene víctimas?

Admitamos, sin embargo, que los alcaldes y los funcionarios repudien esos matrimonios. Imaginemos que puedan sentir repugnancia por la tarea que se les encomienda por Ley.

¿Pueden o deben pretextar que esas celebraciones son contrarias a su conciencia? ¿Pueden o deben ejercer la libertad para hacer un uso público de la propia razón?

“En muchas ocupaciones concernientes al interés de la comunidad”, decía Immanuel Kant en ‘¿Qué es la Ilustración?’ (1784), “son necesarios ciertos mecanismos, por medio de los cuales algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo meramente pasivo”.

¿Para qué?

Para que, mediante cierta unanimidad artificial, el gobierno los dirija hacia fines públicos, o al menos, para que se limite la destrucción de los mismos.

Como es natural, en este caso no está permitido razonar, sino que se necesita obedecer. Ahora bien…

En cuanto a este resorte de la máquina se lo considera miembro de una comunidad íntegra o, incluso, de la sociedad cosmopolita…

En cuanto se lo estima en su calidad de docto que, mediante escritos, se dirige a un público en sentido propio, puede razonar.

Puede razonar, sobre todo, “sin que por ello padezcan las ocupaciones que en parte le son asignadas en cuanto miembro pasivo”, admite Kant.

“Así, por ejemplo, sería muy peligroso si un oficial, que debe obedecer al superior, se pusiera a argumentar en voz alta, estando de servicio, acerca de la conveniencia o inutilidad de la orden recibida. Tiene que obedecer”, precisa.

“Pero no se le puede prohibir con justicia hacer observaciones, en cuanto docto, acerca de los defectos del servicio militar y presentarlas ante el juicio del público”, añade.

“El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son asignados, tanto que una censura impertinente a esa carga, en el momento que deba pagarla, puede ser castigada por escandalosa (pues podría ocasionar resistencias generales)”, dice.

“Sin embargo, no actuará en contra del deber de un ciudadano si, como docto, manifiesta públicamente sus ideas acerca de la inconveniencia o injusticia de tales impuestos”.

Por eso, no se pueden pretextar “escrúpulos de conciencia”. Esto es, el funcionario “no es libre, ni tampoco debe serlo, puesto que ejecuta una orden que le es extraña”.

Ahora bien, como ciudadano más o menos instruido y con escrúpulos morales, ese individuo podrá pronunciarse, gozando para ello “de una ilimitada libertad” para servirse de la razón hablando “en nombre propio”.

Resulta sarcástico, en fin, que estas cosas tan sabidas, que deberían ser de conocimiento para un ministro de la Iglesia, tengan que ser recordadas.

Además, para los ateos o los agnósticos, la moral que invocan los clérigos no tiene que ver con el derecho natural ni con divinidad, sino con la humanidad y el reconocimiento.

Como señalaba amistosamente Umberto Eco a Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, “la dimensión ética comienza cuando entran en escena los demás”, puesto que no somos capaces de comprender quiénes somos “sin la mirada y la respuesta de los demás”, de los cuales esperamos “aprobación, amor, respeto, reconocimiento”.

Pero el reconocimiento de quiénes son los demás, esos a los que debo ese trato, no es evidente y ha costado siglos de civilización.

“Ni siquiera los cruzados sentían a los infieles como un prójimo al que amar excesivamente; y es que el reconocimiento del papel de los demás, la necesidad de respetar en ellos esas exigencias que consideramos irrenunciables para nosotros, es el producto de un crecimiento milenario”.

Justamente lo que nos falta: crecer para salir de nuestra minoría de edad kantiana, crecer para no tratar a los otros como infieles, crecer para aceptar a aquellos que sin dañarnos nos desmienten.