¿Qué podemos decir de las movilizaciones alentadas por el Partido Popular y nutridas por personajes de extrema derecha que vociferan con expresiones gárrulas e injuriosas? La palabra traición se ha pronunciado una y otra vez. Un aviso para navegantes: cada vez que un actor de la vida pública o de la sociedad civil acusa a otro de traidor, es conveniente ponerse a cubierto. Es probable que estemos llegando a lo peor, al momento más indigno  de la política.

Según Abc, las movilizaciones espontáneas (ja, ja, ja) son expresión de una justa cólera ciudadana. ¡Por favor! La santa indignación se provoca, se guía, se tutela, se patronea. El editorial del 3 de marzo que el periódico de José Antonio Zarzalejos dedica a este asunto es simplemente tramposo. Se dice que son manifestaciones abiertas y, por otro lado, se advierte al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para que las guíe, encauce y atempere con el fin de obtener réditos electorales. La circunstancia es simplemente insoportable. ¿Por causa del Gobierno? Hasta ahora, la oposición y la colisión quedaban reducidas a la esfera propiamente política y al ámbito mediático. En estos momentos, sin embargo, después de la movilización intensa y extensa de los sectores afines al PP, el choque se está trasladando a la sociedad civil. Es lo que, de manera alarmante, estoy percibiendo. 

Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con el Gobierno; puedes aceptar o rechazar esta o aquella decisión del Gabinete; puedes lamentar esta o a aquella provisión de Rodríguez Zapatero…, pero lo que no puedes es deslegitimar lo que es legal, aunque sea aprovechando los subterfugios que el propio marco constitucional facilita. En el Estado de Derecho, los contendientes se benefician de los resquicios reglamentarios para llevar a cabo su política y para emprender las acciones de Gobierno, incluso para oponerse. Lo que no puedes hacer es presentar como traidor a quien, amparándose en el marco legal, toma decisiones que te disgustan.

Mientras haya cauces de expresión para la oposición legal en las instituciones, mientras el Estado de Derecho funcione (y a veces funciona contrariando tus objetivos o tus metas, qué le vamos a hacer), no puedes quebrar una tras otra las decisiones de los mandatarios, de los gobernantes. La calle se reserva para los trabajadores o para los sindicalistas, para las reivindicaciones concretas que se desean exhibir.

Cuando en una democracia la Nación –la presunta Nación, de consuno– se echa a la calle (como dicen que está sucediendo para oponerse al traidor Rodríguez Zapatero), entonces es que estamos en una fase de obstruccionismo peligrosísimo, fase que será aprovechada no por los sectores moderados del PP (como algunos analistas desean), sino por sus palmeros más extremistas. No es sexismo, es funcionalismo: el Partido Popular se presenta o lo presentan como una doncella mancillada, como un damisela que merecería mejor trato. Una y otra vez, el Abc sugiere esta manifestación de los hechos y algo semejante leo en el editorial de Ojos de Papel. Si tose, nos hemos de preocupar; si repudia, nos hemos de inquietar; si manipula, nos hemos de intranquilizar.

Llevamos años en los que se confunde el constitucionalismo con la Patria española, cosa a la que también han sido proclives gentes que me son muy próximas. Llevamos años en que toda expresión de la izquierda o de los partidos nacionalistas se juzga en términos de felonía, de abandono, como una confabulación poco menos que infernal, entre diabólica y tontorrona. Por su parte, la Iglesia Católica arremete contra el laicismo del Gobierno, como si sus medidas fueran contrarias al Concordato; arremete contra todos aquellos que contradicen sus postulados morales, calificándolos de relativistas y, por extensión, de nihilistas. Fernando Savater está ya condenado, seguro. Uf, qué cansancio…

Es ésta una circunstancia simplemente insoportable: hay medidas del Gobierno de Rodríguez Zapatero que son, además de legítimas, perfectamente sensatas; hay provisiones de su Gabinete que, en mi opinión, son absolutamente discutibles, pero legales; y hay decisiones aparentemente menores que son un avance civilizador, por mucho que les duela a los clérigos. En todos los casos, la coalición (implícita o explícitamente) antigubernamental se opone: sean medidas sensatas, discutibles o menores. Siempre se subleva con los mismos argumentos: deslegitimando y amenazando con sacar a las masas nacionales a la calle, con una deriva actual hacia el escuadrismo verdaderamente inquietante, poco afín –por cierto— a la lógica liberal.

Y, ahora, permítanme que me retire: también yo manifiesto mi santa indignación. Trato de evitar el estruendo real y metafórico en un momento en que el estrépito es ensordecedor, con voces múltiples también de consuno: la pólvora de las Fallas –alentadas por Rita Barberá– amenaza la tranquilidad de quienes somos gente de orden.

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Fotografia: El País, GORKA LEJARCEGI.