Libertad de expresión. El  pasado 27 de abril, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia tuvo lugar una charla de Carles Sastre, sindicalista. Así lo presentaban quienes habían organizado dicho acto, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans.

Era una conferencia más dentro de unas jornadas sobre el 25 d’abril, fecha de  la batalla de Almansa. Los actos tenían el título de Recuperem les arrels, construïm el futur y la intervención de Sastre versaba sobre La lluita clandestina per la independència. Se celebró en el Salón de Grados de la Facultad. No hubo incidentes.

Antes y después de dicho acto, algunos medios de comunicación y algunas organizaciones han mostrado su escándalo por la realización de esa conferencia. Entre otras cosas, por haber pertenecido Carles Sastre a Terra Lliure y por haber sido condenado, en su día,  a causa de las actividades terroristas: por ejemplo, según sentencia de 1977 de la Audiencia Nacional,  Sastre asesinó a José María Bultó, colocándole  una bomba en el pecho. Por lo que sé, parece que ha cumplido su deuda con la justicia.

Los estudiantes del SEPC, que viven en la ensoñación independentista y en la simplificación constante, invitaron a Sastre a conferenciar. No fui a su charla, entre otras cosas porque no creo que algo de lo que él diga pueda tener el más mínimo interés: ni la rememoración de pasadas violencias, ni los vaticinios que este antiguo «luchador» pueda hacer. No me intereso ni siquiera como historiador que observa a un sujeto más o menos extravagante o doloso. Por otra parte, la quimera victimista del 25 de abril me deja frío…

Los responsables de la Facultad de Historia autorizaron dicha conferencia y los restantes actos porque no había nada ilegal en ellos. Que se autorice la cesión de un espacio académico no significa que los representantes universitarios compartan lo que el charlista de turno pueda decir. Recuerdo actos en distintas Facultades a los que no he ido por la aversión que el conferenciante me despertaba, pero eso no significa que deban prohibirse todos los que a mí no me gusten.

Desde luego, mientras se respete la legalidad no tiene por qué impedirse su realización. Es más, las autoridades académicas tienen el derecho y la competencia de aprobar o desaprobar los actos para los que se pide espacio. Aun siendo legales, un decano o el rector pueden no ceder un Salón de Grados o un Salón de Actos. Está dentro de sus responsabilidades: no será una cacicada; será resultado de sus  atribuciones competenciales.

Las Provincias, la Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios y algún que otro partido extraparlamentario llevan varios días culpando a la decana de mi Facultad (y con ella a las restantes autoridades académicas) . ¿De qué cosa? «Permitir que se haga enaltecimiento del terrorismo en la Universidad». Eso dicen.

En ciertos círculos de la derecha local hay mucho nerviosismo: el caso Gürtel y la disputa por el poder en distintas instancias están llevando al canibalismo, a un enfrentamiento doméstico. Así, cualquier hecho más o menos rentable se emplea para obtener ventaja táctica frente a los enemigos internos. A ver quién es más feroz contra el catalanismo. Se reparten medallas.

A no ser por el uso interesado del evento –minúsculo–, un acto como el de dicha conferencia habría pasado sin pena ni gloria: como otros que ya se han realizado y se realizarán en el ámbito universitario. Simplemente porque no hay nada ilegal que obligue a su inmediata prohibición.  Pero, claro, desgarrarse las vestiduras es muy resultón para algunos.

Espero del Rectorado que defienda la posición del Decanato de Geografía e Historia, particularmente de su decana. Un exceso de prudencia o de equilibrismo por parte del rector lo veríamos como una mezquindad.