Empecemos con lo sabido. En nuestra vida hay una separación de lo público y lo privado. Por un lado tenemos la esfera de la publicidad, de la visibilidad, ese lugar en el que los actos se emprenden a vista de todos; y, por otro, la reserva de lo privado, ese espacio en el que se protegen el secreto y lo íntimo.

El corrupto traslada hábitos privados a la esfera de lo público y basa su actuación en el favor, en el amparo, en la mezcla.

Así, cuando en la esfera pública decimos de alguien que concede u
obtiene favores nos referimos a aquel que presta o logra ayudas,
protecciones, supuestamente gratuitas…, protecciones y ayudas que
comprometen: gracias que se realizan en apariencia sin esperar pago o recompensa.

En realidad, esas concesiones se basan en la capacidad de
influencia, en ese ascendiente que alguien tiene sobre personas que
toman decisiones o que gozan de autoridad. Ya lo sabemos: una persona influyente es alguien bien situado, ubicación de la que se aprovecha para producir o remover obstáculos.

Conviene observar que al hablar de la influencia no me refiero al individuo que desempeña su tarea prevista, institucional o reglamentaria: no aludo a quien se atiene a las normas según las atribuciones que le están asignadas de antemano y públicamente. Antes bien, me refiero a aquel que hace valer su predominio más allá de la ordenanza, a aquel que se vale de su persona, de su habilidad o de sus conocimientos para conceder auxilios
particulares.

Decía Max Weber que la política y la burocracia contemporáneas progresan al eliminar ese factor personal, justamente
porque convierten la labor desempeñada en una tarea sometida a visibilidad y fiscalización: lo importante no es el individuo que la
ejecuta, que sólo es alguien solvente pero sustituible. Lo decisivo es el correcto cometido que ustedes o yo podríamos hacer si estuviéramos preparados para dicha función. En el sistema pensado por Max Weber, un empleo público o un cargo en la Administración o un puesto político no son recursos patrimoniales que sirvan para otorgar favores o despachar presentes, sino una ocupación reglamentaria que se ejecuta para beneficio de la sociedad.

¿Y cuál es la base de esa actuación que implica a distintas personas? La confianza. Confiar es esperar que el otro cumpla con la obligación o con la expectativa. Cuando esto no se verifica, cuando no hay un sistema eficaz de sanciones para quien incumple sus funciones, cuando se burla la ley de manera ostentosa y achulapada, entonces la confianza se deteriora, la irresponsabilidad se premia y el crédito público se malogra.

Hasta aquí la reflexión o la prosa pesadamente sociológicas de las que me sirvo. Ustedes, sin embargo, me pedirán nombres en negrita: tienen la sospecha de que hay, de que ha habido (¿de que seguirá habiendo?) casos de favores, de regalos, de granjerías entre políticos en ejercicio, casos llamativos, desvergonzados, de enriquecimientos súbitos o de alardes lujosos, de ventajistas que se valen de promociones edilicias y de obras asiáticas. ¿Quieren que les diga en quiénes pienso? Me estaba mordiendo la lengua para no dar nombres.

En La farsa valenciana (Foca, 2013) doy nombres.